CAJA RURAL BURGOS

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ESTATUTOS SOCIALES DE “CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO”.

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO PRIMERO


DENOMINACION, OBJETO, DURACION, AMBITO, RESPONSABILIDAD Y DOMICILIO


Artículo 1.- Denominación, Régimen Jurídico

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, en adelante la Caja Rural o la Entidad, resultante de la fusión de Caja Rural de Burgos, Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de Segovia, Sociedad Cooperativa de Crédito, y Caixa Rural de Sant Fortunat, Societat Cooperativa Catalana de Crédit Limitada se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, sus normas de desarrollo y demás disposiciones que, con carácter general, regulan la actividad de las entidades de crédito. Con carácter supletorio será de aplicación la legislación estatal de cooperativas.

Artículo 2.- Personalidad Jurídica

La Caja Rural tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

Artículo 3.- Objeto Social

El objeto de esta Caja Rural es servir a las necesidades financieras de sus socios y terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las Entidades de Crédito. A tal fin podrá realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las otras Entidades de Crédito, así como la accesoria o instrumental a la misma, incluidos servicios de inversión y auxiliares, que desarrollará principalmente en el medio rural, con atención preferente a las necesidades financieras y a la prestación de servicios a sus socios.

Asimismo podrá contraer vínculos societarios o formar consorcios con otras personas físicas o jurídicas, y ser miembros de los mercados organizados correspondientes, siempre que ello esté permitido por sus normas reguladoras, a fin de facilitar y garantizar las actividades empresariales que desarrolle para la consecución de su objeto social.

Esta Caja Rural podrá realizar las actividades y servicios propios de su objeto social con terceros no socios, sin otras limitaciones que las señaladas en cada momento por la legislación vigente.

Artículo 4.- Duración

La duración de esta Caja Rural es por tiempo indefinido.

Artículo 5.- Ámbito de Actuación

El ámbito territorial de la actividad de esta Caja Rural se extiende a todo el territorio del Estado Español, sin perjuicio de que pueda desarrollar fuera del mismo las operaciones legalmente permitidas.

En la realización de operaciones fuera del territorio español, la Caja Rural quedará sujeta al régimen previsto en el título V de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, resto de normativa concordante o complementaria, y a la normativa del Estado extranjero en el que desarrolle su actividad.

Artículo 6.- Responsabilidad de los Socios por las Deudas Sociales

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales queda limitada al valor de las aportaciones que cada uno hubiera suscrito.

Artículo 7.- Domicilio Social

El domicilio social se establece en Segovia, Calle los Coches, nº 2 y 4. Asimismo, se establece una subsede operativa en Burgos, Plaza de España s/n pudiendo ser trasladadas cualquiera de ellas a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo Rector.

Cualquier otro cambio del domicilio social y/o de la subsede operativa exigirá el correspondiente acuerdo de modificación de estos estatutos, con las mayorías establecidas en los mismos.

 


CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS SOCIOS

Artículo 8.- Personas que pueden ser Socios

Pueden ser socios de esta Caja Rural cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y las comunidades de bienes, con los límites y requisitos establecidos en los presentes Estatutos y en la legislación vigente.

Artículo 9.- Procedimiento de Admisión

Para ingresar como socio de esta Caja Rural se precisará la solicitud por escrito de la persona o entidad interesada, con justificación documental que acredite el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos al efecto.

Las decisiones sobre admisión de socios corresponden al Consejo Rector, quien en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el recibo de la solicitud, decidirá y comunicará por escrito al solicitante el correspondiente acuerdo, el cual deberá ser motivado. Se podrá condicionar la admisión de socios a conductas negativas anteriores. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada. Al acuerdo del Consejo Rector, ya sea de admisión o inadmisión, deberá darse la publicidad oportuna para su conocimiento general por el resto de los socios, por medio de la publicación mensual en los tablones de anuncios del domicilio social y de la subsede operativa de la Caja Rural o bien a través de su página web, con las correspondientes medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

El acuerdo de admisión o inadmisión podrá ser impugnado por el solicitante y por al menos el 10% de los socios mediante escrito motivado en el plazo de 20 días naturales desde la comunicación de la resolución ante la Asamblea General, quien resolverá, mediante votación secreta y previa audiencia del interesado, en la primera que se celebre, siendo el acuerdo que se adoptare en la misma impugnable ante la jurisdicción ordinaria. La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que resuelva la primera Asamblea General. El silencio tendrá efectos estimatorios.

Artículo 10.- Ejercicio de los Derechos y Obligaciones de los Nuevos Socios

Los derechos y obligaciones del socio admitido comienzan a surtir efecto al día siguiente de la firmeza de los acuerdos del Consejo Rector, o, en su caso, Asamblea General, siempre que haya cumplido el socio las suscripciones, desembolsos, cuotas y garantías a que viniere obligado conforme a los presentes Estatutos, a los acuerdos válidamente adoptados y a la normativa en vigor.

Artículo 11.- Obligaciones de los Socios

Los socios están obligados a:

1. Asistir a las reuniones de las Juntas Preparatorias y, si fueran elegidos delegados, a las de la Asamblea General.

2. Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales, sin perjuicio de lo previsto en el número 4 del artículo 17 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

3. Participar en las actividades y servicios cooperativos derivados del objeto social, a cuyo fin se fija como módulo de participación el de abrir y mantener una cuenta, de activo o pasivo, con saldo medio mínimo anual de 300 euros para personas jurídicas y 150 euros para personas físicas, en cualquiera de las modalidades permitidas en la legislación vigente.

4. Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de esta Caja Rural, cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos.

5. No realizar actividades competitivas a los fines propios de esta Caja Rural, salvo las que sean específicas de su actividad empresarial u obtengan para ello autorización del Consejo Rector, que dará cuenta a la primera Asamblea General que se celebre.

6. Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa.

7. Efectuar el desembolso de sus aportaciones al Capital Social en la forma y plazos previstos; hacer efectivas las responsabilidades y garantías que estén previstas o acordadas válidamente y, en general, cumplir con puntualidad las obligaciones y responsabilidades económicas que le sean exigibles conforme a los presentes Estatutos o a los acuerdos válidamente adoptados por los órganos competentes y, en su caso, acreditar fehacientemente los acuerdos que deban tomar para la plena efectividad de dichas obligaciones y responsabilidades.

8. No prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a las leyes.

9. Comportarse con la debida consideración en sus relaciones con los demás socios y especialmente con los que, en cada momento, ostentan cargos rectores o de representación.

10. No manifestarse públicamente en términos que impliquen deliberado desprestigio social de la Caja Rural o del Cooperativismo.

11. Remitir, las personas jurídicas-socio, siempre y cuando la Caja Rural lo requiera, dentro del mes siguiente a su aprobación, Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y Auditoria en su caso, así como certificación en ese momento del número de sus socios o accionistas y componentes del Órgano Rector o de Administración.

12. Permanecer en la Cooperativa, con carácter obligatorio, durante un período mínimo de 5 años.

13. No encontrarse en situación de morosidad en ninguna de las prestaciones y servicios financieros concertados con la Caja Rural.

14. Notificar cualquier cambio de domicilio habitual que implique su asignación a una nueva oficina, acreditando que su domicilio y el centro de sus intereses económicos está en el entorno de aquella. En caso de discrepancia se aplicarán los criterios establecidos en la normativa fiscal que sea de aplicación a las personas físicas o jurídicas residentes, según proceda.

15. Cumplir con los demás deberes que resulten de preceptos legales, de estos Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales.

Artículo 12.- Derechos de los Socios

1.- Los socios tendrán derecho a:

a) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.

b) Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos por la Asamblea General o Junta Preparatoria y demás órganos sociales de los que formen parte.

c) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el artículo siguiente.

d) Participar en la actividad empresarial que desarrolla la Caja Rural para el cumplimiento de su fin social.

e) Percibir los intereses correspondientes a sus aportaciones al capital social, satisfechos conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.

f) Participar en el excedente del ejercicio que se acuerde repartir.

g) Actualizar el valor de sus aportaciones en las condiciones previstas en la Ley y en los presentes Estatutos.

h) La liquidación de sus aportaciones al capital social, en los supuestos de baja, cualquiera que fuera su causa y carácter y cuando la Cooperativa fuere objeto de liquidación, todo ello dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos.

i) Los demás que resulten de las normas legales y de los presentes Estatutos.

2. Los derechos serán ejercitados de conformidad con las normas legales y estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de esta Caja Rural, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador o de medidas cautelares estatutarias.

Artículo 13.- Derecho de Información

1. La Caja Rural facilitará a todos sus miembros una información veraz y completa.

2. Serán medios para garantizar la información de los socios los siguientes:

a) Cada socio tendrá a su disposición en el domicilio social de la Caja Rural los presentes Estatutos y las modificaciones que se vayan introduciendo en los mismos, con mención expresa del momento de entrada en vigor de éstas. Igualmente tendrá el derecho a recibir una copia escrita a través de cualquiera de las oficinas de la Entidad.

b) El libre acceso a los Libros de Registro de Socios, así como al Libro de Actas de la Asamblea General y, si lo solicita, el Consejo Rector le proporcionará copia certificada de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales.

c) La facultad de solicitar por escrito, en los términos señalados por la legislación vigente, que se le expida copia certificada de los acuerdos del Consejo Rector que le afecten individual o particularmente, así como que le sea facilitado, en un plazo no superior a un mes, el estado de su situación económica con la Caja Rural.

d) Igualmente solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la Caja Rural en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. El Consejo Rector deberá facilitarle la información solicitada en el plazo de 30 días hábiles o, si se considera que es de interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día.

e) Todo socio, por escrito y con una antelación superior a quince días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de la misma, podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto relacionado con los puntos contenidos en el orden del día. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes en atención a la complejidad de la petición formulada.

f) En todo momento, a solicitud por escrito del diez por ciento de los socios, o de cien socios si la Caja Rural alcanza más de mil, el Consejo Rector facilitará, también por escrito y en el plazo no superior a un mes, la información que se reclame.

g) Sin perjuicio de lo establecido en las letras anteriores, cuando la Asamblea General conforme al orden del día haya de deliberar y tomar acuerdo sobre las cuentas del ejercicio económico, se pondrán de manifiesto en el domicilio social, desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el de celebración de la Asamblea, los documentos previstos en el párrafo 1º del artículo 31 de los presentes Estatutos, así como el informe de auditoria externa.

3. El Consejo Rector podrá negar la información solicitada en los apartados d), e) y f) del punto 2, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la Caja Rural, o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes estándose entonces a lo establecido en el articulo 16.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. También podrá negar dicha información, cuando la misma pudiera atentar contra la obligación de secreto bancario de la Entidad. En especial, cuidará de no desvelar hechos o datos cuya divulgación suponga vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y familiar, o a la propia imagen, o contravenga la normativa de protección de datos de carácter personal o cualquier otra normativa que pudiera resultar de aplicación.

Artículo 14.- Pérdida de la Condición de Socio

1.- Los socios causarán baja, previo acuerdo del Consejo Rector, por alguna de las siguientes causas:

a) Por baja voluntaria o propia iniciativa.
b) Por baja obligatoria.
c) Por inactividad.
d) Por disolución, descalificación, revocación de las autorizaciones administrativas dadas para el ejercicio de su actividad, o extinción de su personalidad jurídica.
e) Por expulsión.

2.- Cualquier socio puede darse de baja voluntariamente en la Caja Rural, en todo momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, que deberá enviarse con tres meses de antelación a la fecha en que haya de surtir efecto; el incumplimiento del mencionado plazo de preaviso podrá dar lugar a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

3.- En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia señalado en el punto 12 del artículo 11 de los presentes Estatutos, el Consejo Rector podrá acordar como máximo la deducción de un treinta por ciento sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones mínimas obligatorias.

La regla anterior no será de aplicación en el caso de baja anticipada del socio por motivos justificados.

4.- La baja se considerará justificada:

a) Cuando sea consecuencia de la pérdida por el socio de los requisitos exigidos para serlo, salvo que dicha pérdida responda a un deliberado propósito de eludir sus obligaciones ante la Caja Rural o de beneficiarse indebidamente con su baja.

b) Cuando el socio haya expresado su disconformidad con cualquier acuerdo de la Asamblea General que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas, no previstas en los presentes Estatutos o establecidas por la legislación aplicable en cada momento. Será condición necesaria que el socio hubiere salvado su voto en la Asamblea, si estuvo presente, y en todo caso, que dirija escrito al Consejo Rector dentro de los 40 días naturales siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo.

5.- Las cuestiones que, reguladas en este artículo, se planteen entre el Consejo Rector y el socio sobre la calificación y efectos de la baja, son recurribles en los términos previstos en la legislación vigente.

Artículo 15.- Baja por Inactividad

Se consideran socios inactivos aquellos que, al menos durante dos meses, hayan desatendido o retrasado el cumplimiento de alguna de sus obligaciones ordinarias y principales de actividad y colaboración con la Caja Rural a las que se refiere en el artículo 11 de estos Estatutos, en sus apartados 3, 6 y 7. Asimismo, será considerado socio inactivo aquel que incumpla el apartado 13 del artículo 11 de estos Estatutos.

El socio inactivo por acuerdo del Consejo Rector podrá ser suspendido de sus derechos políticos como socio, expulsado de la Caja Rural, o incluso, y previo requerimiento al interesado no atendido en el plazo de un mes, podrá llegarse a la resolución no disciplinaria y convencional del vínculo cooperativo, perdiendo inmediatamente la condición de socio y causando baja como tal, a todos los efectos, en los Libros y Registros de la Caja Rural, con las consecuencias y dentro de los límites previstos en el artículo 1.124 del Código Civil.

El requerimiento mencionado se enviará a los socios inactivos por correo certificado o burofax con acuse de recibo a la dirección designada por el socio, como su domicilio, a la hora de gestionar su alta en la Caja Rural.

Artículo 16.- Consecuencias Económicas de la Baja

En todos los casos de pérdida de la condición de socio, éste está facultado para exigir el reembolso de sus aportaciones, cuyo valor será estimado según el balance que apruebe la Asamblea General siguiente a la fecha de su baja definitiva.

El reembolso se atenderá, dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos, ajustándose a las siguientes normas:

1.- En los casos de baja no justificada por incumplimiento del período mínimo de permanencia fijado en el artículo 11 de los presentes Estatutos se deducirá hasta un treinta por ciento sobre el valor de la aportación mínima obligatoria.

2.- El socio disconforme con el acuerdo del Consejo Rector sobre la calificación y efectos económicos de su baja, podrá impugnarlo según las normas procesales previstas en la legislación cooperativa aplicable.

3.- Para la determinación del valor de las aportaciones del socio se imputarán, con carácter previo a las deducciones reguladas en el apartado anterior, las pérdidas correspondientes al ejercicio económico en que se haya producido la baja, o a ejercicios anteriores, que no hubieren sido compensadas o satisfechas por el socio.

4.- El plazo de reembolso no excederá de cinco años a partir de la fecha en que surta efectos la baja. En el supuesto de fallecimiento del socio persona física, el reembolso a sus derechohabientes se realizará en un plazo no superior al año desde el óbito.

5.- No procederá el reembolso de las aportaciones cuando con ello se produzca una insuficiente cobertura del Capital Social mínimo obligatorio, de las reservas, del Coeficiente de solvencia, o de cualquier otro que sea de aplicación o se establezca en el futuro, o cuando dicho reembolso sea contrario a los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos.

Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que se abonará anualmente.

Artículo 17.- Faltas y Sanciones. Expulsión

1.- FALTAS:

Los incumplimientos de las obligaciones sociales serán constitutivos de faltas, que atendiendo a su importancia, trascendencia y malicia se clasificarán como muy graves, graves y leves:

A) Son faltas muy graves

a. Las acciones u omisiones de los socios con relación a la Caja Rural que sean constitutivas de un ilícito penal.

b. Las operaciones de competencia, el fraude a las aportaciones al Capital y el fraude o la ocultación de datos relevantes respecto de las prestaciones y actividades a que viniera obligado el socio, así como la manifiesta desconsideración a los rectores y representantes de la Entidad, que perjudique los intereses materiales o el prestigio social de la misma.

c. La no participación en las actividades económicas de la Caja Rural, según los módulos mínimos obligatorios señalados en el artículo 11.3 de los presentes Estatutos.

d. La revelación de secretos de la Entidad que perjudiquen gravemente los intereses de la misma, y en especial el quebrantamiento de la obligación de guardar secreto sobre las deliberaciones y acuerdos del Consejo Rector.

e. La usurpación de funciones del Consejo Rector, de la Dirección, o de cualquiera de sus miembros, así como de los Apoderados de la Entidad.

f. El incumplimiento de las obligaciones económicas, de cualquier naturaleza, con la Caja Rural, habiendo desatendido durante más de treinta días hábiles el requerimiento realizado por la Entidad. Tendrá siempre carácter de falta muy grave la falta de suscripción y desembolso de las aportaciones en los plazos previstos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

g. Propagar entre los socios o entre los empleados de la Caja Rural o fuera de ésta rumores o noticias que, sin constituir trasgresión del deber de guardar secreto, perjudique el buen nombre de la Entidad, de sus dirigentes, de sus socios o empleados, o que dañen el desarrollo de operaciones, negocios o contratos cuya realización esté prevista, en fase de tratos preliminares o en curso de ejecución.

h. Prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a las leyes.

i. Ejercitar de forma abusiva o antisocial cualesquiera de los derechos que como socio le correspondan, bien por la existencia de circunstancias objetivas que demuestren deslealtad cooperativa o mala fe del socio, bien por suponer una reiterada, o infundada, y manifiesta obstrucción para el funcionamiento de los órganos sociales o para la gestión empresarial de la Caja Rural.

j. Trasmitir o aceptar la transmisión de aportaciones a Capital Social, sin observar los requisitos establecidos en la Legislación vigente y en los presentes Estatutos.

k. Haber sido sancionado durante el período de un año por la comisión de dos o más faltas graves.

l. La falsificación de documentos relacionados con la Caja Rural y la utilización no autorizada de elementos de identificación de la misma, o realizar cualquier otra actividad constitutiva de delito en sus relaciones con esta Entidad.

B) Son faltas graves:

a. La desconsideración a la Caja Rural, a los demás socios, sus representantes o a los empleados de la Caja Rural con ocasión de reuniones de los órganos sociales, o de la realización de trabajos, actividades u operaciones precisas para el desarrollo del objeto social.

b. No aceptar o dimitir, sin justa causa, a criterio del Consejo Rector, o de la Asamblea, en su caso, de los cargos o funciones para los que hubiere sido elegido el socio.

c. El incumplimiento de las obligaciones económicas, de cualquier naturaleza, con la Caja Rural, habiendo desatendido durante más de quince días hábiles el requerimiento realizado por la Cooperativa, sin perjuicio de aplicar, en todo caso, lo previsto en el artículo 46.6 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

d. Ser responsable de cualquier acción u omisión que, sin estar tipificada como falta muy grave, ni en los apartados anteriores, suponga una trasgresión de normas imperativas o prohibitivas de la legislación cooperativa, directamente relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios cooperadores, o con las competencias de los órganos sociales o de la Dirección.

e. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves por las que hubiere sido sancionado el socio en el plazo de los tres últimos años.

C) Son faltas leves:

a. La inasistencia injustificada a las Juntas Preparatorias y si fueran elegidos delegados, a las de la Asamblea General, debidamente convocadas, siendo el socio reincidente; esta última circunstancia concurrirá cuando el socio hubiere inasistido a más de dos tercios de las Asambleas o Juntas convocadas en los tres últimos ejercicios consecutivos.

b. Inasistencia injustificada a la Asamblea de Delegados en el caso de que el socio ostente algún cargo en ella.

c. La primera falta de consideración o respeto no calificable como falta muy grave o grave, para con otro socio o sus representantes en actos sociales y que hubiese motivado la queja del ofendido ante el Consejo Rector.

d. No observar, por dos veces como máximo dentro de un semestre, las instrucciones dictadas por los órganos competentes para el buen orden y desarrollo de las operaciones y actividades de la Caja Rural, y siempre que tal inobservancia no suponga otra falta de mayor gravedad.

e. Cuantas infracciones se cometan por vez primera a estos Estatutos y que no estén previstas en los apartados A) o B) anteriores, o se establezcan, en su caso, en reglamento de régimen interior o por la Asamblea General.

2. SANCIONES

A) Por faltas muy graves:

Multa comprendida entre el doble de la cuantía prevista para la falta leve y el triple de la misma. Expulsión o suspensión de todos o algunos de los derechos siguientes: asistencia, voz y voto en las Asambleas Generales o Juntas Preparatorias, ser elector y elegible para los cargos sociales, utilizar los servicios de la Caja Rural, ser cesionario de la parte social de otro socio.

La comisión de alguna de las faltas recogidas en el artículo 17.1.A.g) de estos estatutos, llevará aparejada la expulsión del socio.

B) Por faltas graves:

Multa comprendida entre la cuantía inmediata superior para sancionar las faltas leves y el doble de la cuantía fijada para las faltas leves. Amonestación pública en reuniones sociales; privación durante un año, como máximo, de los servicios asistenciales que, con cargo al Fondo de Educación y Promoción, hubiese establecido la Caja Rural en favor de sus socios, así como la suspensión de todos o alguno de los derechos señalados en el apartado A anterior, cuando la falta esté comprendida en el apartado c) de las faltas graves.

La sanción suspensiva de derechos por faltas graves y muy graves sólo se podrá imponer por la comisión de aquellas faltas que consistan precisamente en que el socio haya incumplido sus obligaciones económicas, de toda naturaleza, o que no participe en las actividades y servicios cooperativos en los términos previstos en el artículo 11.3 de los presentes Estatutos.

En todo caso, los efectos de la suspensión cesarán tan pronto como el socio normalice su situación con la Caja Rural.

C) Por faltas leves:

Multas cuya cuantía no exceda de 150 euros. Amonestación en privado, verbal o por escrito.


3.- PRESCRIPCION

Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son leves a los dos meses, si son graves a los cuatro meses, y si son muy graves a los seis meses. Los plazos empezarán a computarse a partir de la fecha en la que se hayan cometido. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y notifica la resolución.

4.- ORGANOS SOCIALES COMPETENTES Y PROCEDIMIENTO

Las faltas serán sancionadas por el Consejo Rector a resultas de expediente instruido al efecto de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio afectado y con audiencia del interesado. A tal fin, se le notificarán los correspondientes cargos para que en los casos de faltas graves o muy graves, en el plazo máximo de diez días hábiles pueda efectuar las alegaciones por escrito que considere oportunas.

Antes de que transcurran cuatro meses, contados desde que se ordenó incoar expediente, el Consejo Rector adoptará la resolución que proceda notificándola al interesado y, si no lo hiciere, se entenderá sobreseído el expediente.

Contra el acuerdo que imponga la sanción por falta leve, grave o muy grave, el interesado podrá recurrir ante la próxima Asamblea General, en el plazo de un mes, contados desde que se le notificó. En el supuesto de expulsión, dicho acuerdo no tendrá carácter ejecutivo hasta que la Asamblea General resuelva en los términos establecidos en la normativa vigente, o haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho el interesado.

Cuando se impongan sanciones distintas de la expulsión, los acuerdos tendrán carácter inmediatamente ejecutivo.

Una vez adquieran ejecutividad los acuerdos por los que se impongan sanciones, podrán ser impugnados por los socios, en el plazo de un mes, con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.

5.- GRADUACION DE LAS SANCIONES

Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La naturaleza y entidad de la infracción.

b. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.

c. Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

d. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Entidad.

e. La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

f. La publicidad o notoriedad de los hechos que han motivado la infracción.

Para determinar la sanción aplicable se tomarán en consideración, además, las siguientes circunstancias:

a. El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado.

b. La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.

c. El carácter de la representación que el interesado ostente.


CAPÍTULO TERCERO

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 18.- El Capital Social

1. El Capital Social, constituido por las aportaciones de los socios, tiene carácter variable y se fija, como mínimo, en 4.808.800 euros. Dicho capital se halla íntegramente suscrito y desembolsado.

2. Todos los socios deberán suscribir y desembolsar en su totalidad, al menos, un título de aportación, momento en que adquirirán la condición de socio. No obstante, cuando el socio sea una persona jurídica su aportación mínima será de cinco títulos.

3. El importe total de las aportaciones que, directa o indirectamente, posea o controle cada socio, no podrá exceder del 20 por ciento del capital social, cuando se trate de una persona jurídica, ni del 2,5 por ciento tratándose de persona física.

En ningún caso, el conjunto de las aportaciones poseídas por personas jurídicas que carezcan de la condición de sociedad cooperativa podrá representar una cuantía superior al 50 por ciento del capital social.

4. La adquisición de aportaciones por encima de los límites legales determinará la imposibilidad de ejercitar y atribuir votos plurales al adquirente.

5. Todos los títulos de aportación serán nominativos y no negociables tendrán un valor nominal de SESENTA CON ONCE EUROS (60,11 euros), si bien podrán emitirse títulos múltiples, su duración será indefinida y su retribución quedará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización por el Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla. El desembolso de las aportaciones será, en todo caso, en efectivo.

6. Los reembolsos de las aportaciones al capital social están condicionados, en todo caso, al acuerdo favorable del Consejo Rector, así como al resto de requisitos exigidos en los presentes Estatutos y por la legislación vigente.

7. Todas las aportaciones y los socios quedan sujetos, cuando proceda por razón de su importancia o influencia, al régimen legal sobre participaciones significativas en el capital de las entidades de crédito.

Artículo 19.- Nuevas Aportaciones al Capital Social

1. La Asamblea General, con la mayoría establecida en el artículo 40 de los presentes Estatutos, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones mínimas, fijando su cuantía, plazos y condiciones de desembolso. El socio que tuviere suscritas y desembolsadas aportaciones por encima del mínimo a que viniere obligado conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrá aplicarlas o cubrir las nuevas aportaciones.

La Asamblea General podrá acordar la ampliación del capital con cargo a reservas voluntarias observando los límites y procedimiento establecidos en las normas reguladores de las Cooperativas de Crédito.

2. El Consejo Rector podrá acordar la emisión de nuevas aportaciones, que se suscribirán voluntariamente por los socios en las condiciones y plazos fijados en el acuerdo de emisión. En todo caso estas aportaciones habrán de desembolsarse en su totalidad.

Estas aportaciones devengarán, inicialmente, el interés que se fije en el acuerdo de emisión, y en ejercicios sucesivos el que acuerde anualmente la Asamblea General, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Artículo 20.- Actualización de las Aportaciones

La actualización de las aportaciones sólo podrá realizarse al amparo de las normas sobre regularización de balances observando los límites y requisitos que adicionalmente establezcan las normas reguladoras de las Cooperativas de Crédito sobre el destino de la plusvalía resultante de la actualización.

Artículo 21.- Derechos de los Acreedores Personales de los Socios

Los acreedores personales de los socios no tendrán derecho alguno sobre los bienes de la Caja Rural ni sobre las aportaciones de los socios al Capital Social, las cuales son inembargables. Ello, sin menoscabo de los derechos que pueda ejercer el acreedor sobre los reembolsos, intereses y retornos satisfechos al socio.

Artículo 22.- Disponibilidad de las Aportaciones

1. La transmisión de aportaciones deberá ser comunicada previamente por escrito al Consejo Rector, que dispondrá de un plazo de tres meses, desde su recepción, para comprobar el cumplimiento de los límites legales y estatutarios en el cesionario y en el grupo al que, en su caso, pertenezca el mismo. Transcurrido el mencionado plazo sin que el Consejo Rector se pronuncie expresamente al respecto, se presumirá que la cesión cumple los requisitos señalados.

2. Las aportaciones serán transmisibles intervivos únicamente a otros socios y a quienes adquieran tal condición dentro de los tres meses siguientes a la operación que, en este supuesto, queda condicionada a dicho requisito.

3. La adquisición por la Caja Rural de sus propias aportaciones o su aceptación en prenda u otra forma de garantía se realizará de conformidad con lo establecido en las normas reguladoras de las Entidades de Crédito.

4. También podrán transmitirse las aportaciones por sucesión mortis causa, en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 23.- Reducción del Capital Social

1. La reducción de la cuantía del capital social mínimo fijado en el artículo 18 precisará de previo acuerdo de la Asamblea General, en el que se determinará la cifra, finalidad y procedimiento por el que se llevará a cabo, el plazo de ejecución y, en su caso, el reembolso al socio.

Salvo en el supuesto descrito en el párrafo anterior, para la devolución total o parcial de las aportaciones a los socios, será suficiente el acuerdo del Consejo Rector.

2. En el supuesto de que, por cobertura de pérdidas o amortización de aportaciones, el capital social de la Caja Rural quedara, durante un período superior a un año, por debajo de la cifra del capital social mínimo obligatorio aquélla deberá disolverse a menos que dicho capital se reintegre en la medida suficiente, y dentro del plazo y condiciones que, previa solicitud de la Caja Rural, pueda establecer el Banco de España.

3. La reducción del capital social que tenga por objeto condonar desembolsos pendientes, constituir o incrementar las reservas, o devolver parcialmente aportaciones siempre que la parte restante supere el mínimo exigible a cada socio, según su respectiva naturaleza jurídica, requerirá, autorización oficial, previo acuerdo de la Asamblea General adoptado con los requisitos exigidos para modificar los Estatutos, salvo que la reducción no suponga modificación estatutaria, en cuyo supuesto bastará acuerdo del Consejo Rector adoptado mediante votación secreta, previa inclusión en el orden del día con la debida claridad, y por mayoría no inferior a los dos tercios del total de Consejeros.

4. No podrá acordarse ninguna restitución de las aportaciones, incluso a los derecho-habientes de los socios, cuando su reintegro produzca una cobertura insuficiente del Capital Social mínimo obligatorio, Reservas, del Coeficiente de solvencia, o de cualquier otro que sea aplicación o se establezca en el futuro.

Artículo 24.- Emisión de Obligaciones y otras Fórmulas de Financiación

1. Previo acuerdo de la Asamblea General, se podrán emitir obligaciones, cuyo régimen de emisión se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente, debiendo practicarse las oportunas inscripciones en los Registros Mercantil y de Cooperativas correspondientes.

2. Será asimismo necesario el acuerdo de la Asamblea General para la admisión de otras formas de financiación no incorporadas al Capital Social, bajo cualquier modalidad jurídica, que se regirá por las condiciones fijadas en el acuerdo indicado.

Artículo 25.- Fondos Sociales Obligatorios

La Caja Rural se obliga a constituir el Fondo de Reserva obligatorio y el Fondo de Educación y Promoción, así como cualquier otra reserva que pudiera serle exigible por la legislación específicamente aplicable.

Artículo 26.- Fondo de Reserva Obligatorio

El Fondo de Reserva Obligatorio, de carácter irrepartible y destinado a la consolidación y garantía de la Caja Rural, estará dotado con el 75 por ciento, al menos, de los excedentes disponibles de cada ejercicio y con las cantidades que, en virtud de precepto legal o reglamentario, o de acuerdo con la Asamblea General, deban destinarse a dicho fondo.

Artículo 27.- Fondo de Educación y Promoción

1. El Fondo de Educación y Promoción se destinará a actividades que cumplan alguna de las siguientes finalidades:

a) La formación y educación de los socios y trabajadores de la Caja Rural en los principios cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio social en que la Caja Rural desenvuelve su actividad.

b) La promoción de las relaciones intercooperativas, así como a satisfacer las cuotas a las Uniones, Asociaciones o Federaciones de Cooperativas a las que la Caja Rural está adscrita.

c) La promoción cultural y profesional del entorno local o de la comunidad general.

d) La promoción de fines culturales, medioambientales, sociales, deportivos y recreativos.

e) La prestación de asistencia y asesoramiento a los agricultores y ganaderos que sean socios de la Caja Rural.

2. Corresponde al Consejo Rector proponer a la Asamblea General las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.

Para el cumplimiento de los fines del Fondo se podrá colaborar con otras Sociedades o Asociaciones Cooperativas, Instituciones Públicas o Privadas y con Organismos dependientes de la Administración estatal, autonómica, provincial o local y especialmente con las Fundaciones siguientes: Fundación Caja Rural de Burgos, Fundación Caja CEGA, Fundación Caja Rural de Segovia y Fundación Caixa Rural de Castelldans, constituidas por cada una de las Cajas Rurales enumeradas en el artículo primero de estos Estatutos.

Anualmente, la Caja Rural redactará un informe de gestión del Fondo.

El importe del Fondo de Educación y Promoción que no se haya aplicado deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se haya efectuado la dotación en cuentas de ahorro o en títulos de la Deuda Pública, cuyos rendimientos financieros se aplicaran al mismo fin. Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.

3. Necesariamente se destinará a este Fondo el 20 por ciento, como mínimo, de los excedentes disponibles del ejercicio, una vez cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores, si las hubiere, y una vez deducidos los impuestos y los intereses al capital desembolsado, limitados de acuerdo con la legislación cooperativa.

4. El Fondo de Educación y Promoción es inembargable y sus dotaciones deberán figurar en el pasivo del Balance con separación de otras partidas, con arreglo a lo dispuesto en las normas reguladores de la actividad de las Entidades de Crédito. No obstante lo anterior, la inembargabilidad del Fondo de Educación y Promoción no afectará a los inmuebles propiedad de la Caja Rural que estuviesen destinados a las acciones y servicios realizados con cargo a dicho Fondo y que constituyan una aplicación del mismo.

Artículo 28.- Determinación y Aplicación de los Resultados

Los resultados del ejercicio económico de la Caja Rural se determinarán de acuerdo con los criterios exigibles por la normativa aplicable a las Entidades de Crédito.

El saldo acreedor de la cuenta de resultados del ejercicio económico de la Entidad, determinado conforme a lo indicado en el párrafo anterior y una vez compensadas, en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores, constituirá el excedente neto del ejercicio económico.

Tras deducir de dicho excedente neto los impuestos exigibles y los intereses al capital desembolsado, se obtendrá el excedente disponible.

El excedente disponible, una vez cumplidas las obligaciones que eventualmente puedan derivar de la cobertura del Capital social mínimo obligatorio o del coeficiente de solvencia, será objeto de los destinos y aplicaciones previstos en la legislación vigente y en estos Estatutos.

Los retornos, en el supuesto de acordarse su distribución, se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en la actividad cooperativizada que cada uno de ellos hubiera realizado con la Caja Rural durante el ejercicio económico cuyo excedente es objeto de distribución. La Asamblea General concretará la aplicación de dicho criterio.

Artículo 29.- Imputación de Pérdidas

Las pérdidas serán cubiertas con los beneficios de los tres ejercicios siguientes a su aparición y con las reservas voluntarias constituidas; en caso de insuficiencia de las anteriores se amortizarán con cargo al fondo de reserva obligatorio y, si fuere preciso, mediante reducción porcentual e igual en todas las aportaciones en la forma que determine el acuerdo asambleario.

Artículo 30.- Cierre del Ejercicio

El ejercicio económico de la Entidad finalizará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 31.- Cuentas Anuales.

El Consejo Rector, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio económico, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de excedentes o la imputación de las pérdidas.

Las cuentas anuales deberán someterse a auditoria externa.

La citada documentación se someterá a la primera Asamblea General Ordinaria que se celebre tras el cierre del ejercicio económico.

Artículo 32.- Contabilidad.

La contabilidad se llevará con arreglo a lo que establezca la legislación aplicable a las Entidades de Crédito.


CAPÍTULO CUARTO

REPRESENTACION Y GESTION DE LA CAJA RURAL


Artículo 33.- Distribución Territorial a efectos de Órganos de Representación

Se establecen las siguientes zonas territoriales:

- LA ZONA DE BURGOS, que estará constituida por todas las oficinas que tenía la CAJA RURAL DE BURGOS, Sociedad Cooperativa de Crédito, a 31 de diciembre de 2.011 y las demás que se aperturen en las provincias de Burgos y Palencia y las Comunidades Autónomas de Cantabria y la Rioja, y que constituirán las Juntas Preparatorias de la mencionada zona.

- LA ZONA DE SEGOVIA, que estará constituida por todas las oficinas que tenía la CAJA RURAL DE SEGOVIA, Sociedad Cooperativa de Crédito, a 31 de diciembre de 2.011, exceptuando los municipios de Segovia recogidos en la zona de FUENTEPELAYO, y las demás que se aperturen en la provincia de Ávila que constituirán las Juntas Preparatorias de la mencionada zona.

- LA ZONA DE FUENTEPELAYO, que estará constituida por todas las oficinas que tenía la CAJA RURAL DE FUENTEPELAYO, Sociedad Cooperativa de Crédito, a 31 de diciembre de 2.011 en los siguientes municipios de la provincia de Segovia: Fuentepelayo, Navalmanzano y Zarzuela del Pinar, que constituirán las Juntas Preparatorias de la mencionada zona.

En todo caso, el Consejo Rector, proveerá sobre la adscripción de oficinas no incluidas en las demarcaciones anteriores.

Artículo 34.- Órganos Sociales y Dirección

Los órganos sociales de esta Caja Rural son:

a) La Asamblea General.

b) El Consejo Rector.

Existirá, asimismo, un Director General, con las funciones y atribuciones previstas en estos Estatutos y las que les sean conferidas en la correspondiente escritura de poder.

Artículo 35.- La Asamblea General. Naturaleza y Composición

La Asamblea General, constituida por los socios o representantes de los socios, es el órgano supremo de expresión de la voluntad social.

Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes, quedaran sometidos a los acuerdos de la Asamblea General. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente a efectos de impugnación de los acuerdos de la Asamblea General.

La Asamblea General se celebrará bajo el sistema de Juntas Preparatorias, salvo en los casos en que se haga uso de la facultad expresamente prevista en el artículo 38 apartado B punto 5 para lo que a Asambleas Generales Extraordinarias se refiere. Las referencias que a la Asamblea General se hacen en los artículos siguientes se entienden realizadas, por tanto, salvo cuando se señale expresamente otra cosa, a la Asamblea General de Delegados elegidos en Juntas Preparatorias.

Artículo 36.- Facultades de la Asamblea

La Asamblea fijará la política general de la Caja Rural y podrá debatir sobre cualquier otro asunto de interés de la misma, siempre que conste en el orden del día, pero únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que no sean competencia de otro órgano social de acuerdo con la Ley 27/1999 de Cooperativas. En todo caso, será preceptivo el acuerdo de la Asamblea para los siguientes actos:

a. Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector, de los auditores de cuentas, de los liquidadores, así como sobre la cuantía de la retribución de los consejeros y de los liquidadores.
b. Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los excedentes disponibles o imputación de las pérdidas.
c. Aprobación de nuevas aportaciones mínimas obligatorias, actualización del valor de las aportaciones al capital social, fijación de las aportaciones de los nuevos socios, establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas, así como el tipo de interés a abonar por las aportaciones al capital social.
d. Emisión de obligaciones, títulos participativos, participaciones especiales u otras formas de financiación mediante emisiones de valores negociables.
e. Modificación de los Estatutos y aprobación, modificación o derogación, en su caso del Reglamento de Régimen Interno de la Caja Rural.
f. Fusión, escisión, transformación y disolución de la Caja Rural.
g. Toda decisión que suponga una modificación sustancial, según el artículo 40 de estos Estatutos, de la estructura económica, social, organizativa o funcional de la Caja Rural.
h. Constitución de cooperativas de segundo grado y de grupos cooperativos o incorporación a estos si ya están constituidos y participación en otras formas de colaboración económica contemplada en el artículo 79 de la Ley 27/1999 de Cooperativas.
i. El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector, los auditores de cuentas y liquidadores.
j. Los derivados de una norma legal o estatutaria.

La Asamblea General no podrá delegar su competencia sobre los actos en que su acuerdo sea preceptivo en virtud de norma legal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 27/1999 de Cooperativas.

Artículo 37.- Clases de Asamblea y Convocatorias

La Asamblea General se reunirá:

a) Con carácter ordinario, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, al objeto de examinar la gestión social, aprobar si procede las cuentas anuales y resolver sobre la distribución de excedentes o, en su caso, sobre la imputación de pérdidas, al igual que para establecer la política general de la Caja Rural, sin perjuicio de poder incluir en el orden del día de la misma toda clase de asuntos relacionados con el funcionamiento de la Entidad y con la participación de los socios en las actividades sociales y empresariales de la misma.

Es obligación del Consejo Rector convocar a la Asamblea General Ordinaria. Si ésta no fuere convocada dentro del plazo legal, cualquier socio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social de la Caja Rural que ordene la convocatoria.

b) Con carácter extraordinario, siempre que el Consejo Rector, a iniciativa propia, estime conveniente su convocatoria, o a petición de quinientos socios o del diez por ciento del total del censo societario.

Cuando la petición de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria se inste por la minoría de socios antedicha, la solicitud deberá ir acompañada del orden del día de la misma, que, en ningún caso, podrá incidir en aquellos asuntos que corresponden a la Asamblea General Ordinaria. Si el requerimiento de convocatoria no fuere atendido por el Consejo Rector dentro del plazo de un mes, los solicitantes podrán instarla del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la Caja Rural.

c) Como Asamblea Universal, no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Asamblea General quedará válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier localidad y para tratar cualquier asunto de su competencia, si encontrándose presentes todos los socios de la Caja Rural, éstos aceptan por unanimidad la celebración de la Asamblea y los asuntos a tratar en la misma. En este caso la totalidad de los socios deberá firmar necesariamente la correspondiente Acta.

La Asamblea General que no tenga carácter de Universal, se celebrará como norma general en la localidad donde radique el domicilio social de la Caja Rural, o en cualquier otro donde tenga abierta oficina, aunque excepcionalmente el Consejo Rector podría convocarla en otra localidad distinta.

Artículo 38.- Convocatoria y Funcionamiento de la Asamblea General

A) CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

La convocatoria de la Asamblea General, que incluirá la de las Juntas Preparatorias, se hará por escrito, mediante anuncio publicado en el domicilio social de la entidad y en cada uno de los centros en los que desarrolle su actividad. Asimismo, se publicará en dos de los diarios de mayor circulación en el ámbito de actuación de la Caja Rural con una antelación de, al menos, quince días naturales respecto a la celebración de la primera Junta Preparatoria. Tratándose de Asamblea Ordinaria, no será precisa la publicación cuando las Juntas Preparatorias se celebren dentro del mes de mayo.

La convocatoria expresará el carácter ordinario o extraordinario de la Asamblea, la fecha y hora de la primera y segunda convocatoria, entre las que mediará, al menos treinta minutos, el lugar de la reunión y los asuntos que componen el orden del día, en el que figurará, como último punto, la fórmula de aprobación del acta de la sesión. El orden del día de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria será fijado por el Consejo Rector, pero éste deberá incluir los asuntos propuestos, en escrito dirigido al mismo por un número de socios que represente el diez por ciento del total censo social o alcance la cifra de doscientos de ellos. Las propuestas podrán ser presentadas en cualquier momento, pero sólo serán incluidas las presentadas antes de que finalice el octavo día posterior al de la publicación de la convocatoria. El Consejo Rector, en este caso, deberá hacer público el nuevo orden del día, con una antelación mínima de cuatro días naturales al de la celebración de la primera Junta Preparatoria, en la misma forma establecida para la convocatoria, y sin modificar las demás circunstancias. En cualquier caso en el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita a los socios formular sugerencias o preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.

En todo caso, los estados financieros de cada ejercicio y los demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, estarán a disposición exclusiva del socio, únicamente en el domicilio social y en las oficinas de las localidades donde se celebren Juntas preparatorias, de lo cual se informará en el escrito convocador.

B) JUNTAS PREPARATORIAS

1.- Entre la convocatoria de la Asamblea, y en su caso publicación de la misma, y la celebración de la primera Junta Preparatoria, habrán de mediar, al menos, quince días naturales, plazo en que estarán a disposición del socio los documentos indicados en el párrafo anterior. La fecha de celebración de la Asamblea de Delegados será al menos, dos días naturales posteriores, a la fecha para la que estuviera convocada la última Junta Preparatoria y antes del transcurso de dos meses desde la fecha del escrito convocador.

2.- En las Juntas Preparatorias se elegirán los Delegados para asistir a la Asamblea General. Serán convocadas al mismo tiempo que la Asamblea General, siendo común el Orden del día con la adición de la elección de Delegados.

Las Juntas Preparatorias se celebrarán en un número no inferior a tres ni superior a veinte, según acuerdo del Consejo Rector adoptado al convocar la Asamblea General. Asimismo, el Consejo Rector determinará en dicho acuerdo el número de Juntas Preparatorias por cada una de las zonas de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de estos estatutos, debiéndose, no obstante, celebrarse en todo caso, una Junta Preparatoria en la localidad de Castelldans, siempre y cuando exista oficina en dicha localidad, y se cumplan las exigencias y requisitos exigidos en estos Estatutos.

El Consejo Rector determinará, en dicho acuerdo, el número concreto de Juntas Preparatorias a celebrar, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, así como el lugar, día y hora de celebración de cada una de ellas, siendo criterio para todo ello las normas precedentes, la expansión de la entidad, la concentración y proximidad de socios en las diferentes áreas geográficas determinadas que faciliten el ejercicio del derecho al voto, así como los principios de economía y mayor eficiencia posible para el desarrollo de este proceso por la Caja Rural.

La adscripción de los socios a cada una de las Juntas Preparatorias, vendrá determinada, en función de la oficina más próxima al domicilio habitual del socio a la fecha de convocatoria de la Asamblea, salvo que hubieran sido suspendidos en el ejercicio de tal derecho.

Cada Junta Preparatoria deberá contar como mínimo con un número de trescientos socios adscritos a la misma, teniendo en cuenta los criterios antes reseñados. De no alcanzarse este umbral, el Consejo Rector, si lo considera conveniente, podrá adscribir los socios de un área a la más próxima, pudiendo hacerlo, igualmente, para que no se supere el número máximo de Juntas Preparatorias.

3.- Las Juntas Preparatorias quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando cuenten con la asistencia del veinticinco por ciento del total de los socios adscritos a cada Junta Preparatoria, entre presentes y representados, y en segunda convocatoria, habrán de concurrir, entre presentes y representados el 5% o al menos 25 socios.

A efectos de constitución se computarán hasta un máximo de dos socios representados por cada asistente directo, dando prioridad a las dos primeras representaciones otorgadas atendiendo a su fecha.

El número de socios clientes de la Entidad presentes o representados, habrá de ser superior al de socios empleados.

4.- Antes de entrar en el Orden del Día, se elegirá por los asistentes un Presidente y un Secretario correspondiendo a aquél, con la asistencia de éste, realizar el cómputo de los socios presentes o representados y realizar la declaración, si procede, de que la misma queda válidamente constituida, para lo que contará con la lista de asistentes que facilitarán dos interventores de lista que serán elegidos de entre los socios presentes, y se acompañarán al acta firmada por todos ellos.

Con objeto de facilitar y agilizar la confección de dicha lista y el desarrollo de la reunión, se podrán preparar a la entrada de la misma, credenciales de asistencia, que estarán disponibles para los socios en ese mismo momento. Estas credenciales indicarán entre otros puntos, el número de votos que ostenta cada socio y se conservarán junto a la lista de asistentes, a efectos probatorios, hasta que se apruebe el acta de la sesión correspondiente.

Salvo cuando asista el Presidente de la Caja Rural, las juntas preparatorias estarán presididas por un socio elegido entre los asistentes y siempre serán informadas por escrito u oralmente por un miembro, al menos, del Consejo Rector.

Debatidos los asuntos que componen el orden del día, los socios, que no podrán reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea General, procederán, en votación secreta, a la elección de Delegados entre ellos. En esta elección, aunque sean socios adscritos a la Junta, no intervendrán ni como electores ni como elegibles los que ostenten cargos sociales, por cuanto tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General con voz y voto.

Podrá ser candidato cualquier socio adscrito a esa Junta, que con una anticipación de 48 horas a su celebración, así lo solicite por escrito en la Oficina de la Caja Rural donde se haya de celebrar la Junta Preparatoria.

Pueden ser elegidos Delegados los socios adscritos a la respectiva Junta Preparatoria, presentes en la misma y que no sean empleados o desempeñen cargos sociales en la Caja Rural.

5. Tanto la elección de Delegados como los votos conferidos serán válidos para la Asamblea General Ordinaria convocada y todas las Extraordinarias que pudieran celebrarse hasta la Asamblea General Ordinaria del siguiente año. De llevarse a cabo sucesivas reuniones asamblearias, estos Delegados serán convocados mediante carta certificada con acuse de recibo, informando después de cada sesión asamblearia a todos los socios base, por escrito, mediante anuncio publicado en el domicilio social de la Entidad y en cada uno de los centros en los que desarrolle su actividad, de todos y cada uno de los acuerdos adoptados, dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de las mismas, y permaneciendo expuesto durante al menos quince días hábiles. Asimismo, a petición de los Delegados, se podrán autoconvocar juntas informativas por zonas, al objeto de informar al socio base.

Tratado el Orden del Día de la Asamblea General se procederá por la Junta Preparatoria a la elección de los Delegados y el suplente con arreglo a las siguientes normas:

1.- Por cada trescientos socios o fracción de incluidos en el censo correspondiente a la Junta, se podrá elegir un Delegado.

2.- Se elegirá un suplente por Junta Preparatoria, que sustituirá a cualquier Delegado elegido que no pueda asistir a la Asamblea General, por causa justificada.

3.- La votación se hará por medio de papeleta en la que el socio otorgará su representación indicando el nombre y apellidos del Delegado y suplente.

4.- Resultarán elegidos Delegados y suplentes aquellos socios que hayan obtenido mayor número de votos, respectivamente, hasta el máximo de los que pueden resultar designados de acuerdo a lo anteriormente establecido. Dichos Delegados, una vez elegidos, tendrán cada uno, en la Asamblea General el número de votos que corresponde a quienes de modo expreso les haya conferido su representación en la votación.

Asimismo los socios-candidatos que no resulten elegidos, podrán ceder sus delegaciones de votos a favor de los que lo hayan sido, a fin de que no se consideren perdidos los que hubiesen recibido.

En el transcurso de la Junta Preparatoria, se facilitará, en su caso, relación de las candidaturas presentadas hasta su celebración, sin que ello suponga elección de las mismas. Por tanto, el mandato conferido a los representantes no tendrá carácter imperativo, sin perjuicio de recibir instrucciones de voto.

5.- Al término de cada Junta Preparatoria se aprobará necesariamente el acta de la sesión, en la que se recogerá el lugar, fecha y hora en la que se celebró la Junta, relación de asistentes, la existencia del quórum necesario para quedar válidamente constituida, si se celebró en primera o segunda convocatoria, el orden del día de la sesión y un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones cuya constancia se haya solicitado, el nombre de los delegados y el número de delegaciones de voto conferidas a cada uno. La certificación del Acta, firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta, acreditará a los delegados ante la Asamblea General correspondiente y el Acta se transcribirá al libro de Actas de Juntas Preparatorias.

C) LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

La Asamblea de Delegados requerirá siempre, como mínimo, la previa celebración efectiva de más de las tres cuartas partes del total de Juntas Preparatorias determinadas conforme al apartado anterior, y, para quedar constituida en primera convocatoria, la asistencia de más de la mitad del total de Delegados elegidos en las Juntas celebradas y de los cargos sociales; en segunda convocatoria, bastará con la asistencia de más del 40 por ciento de los delegados elegidos y de los cargos sociales, lo que se recogerá expresamente en el acta de la sesión.

Corresponderá al Presidente de la Caja Rural, o a quien haga sus veces, asistido por el Secretario del Consejo Rector, realizar el cómputo de los asistentes, ya sean delegados o cargos sociales asistentes, y la declaración, si procede, de que la Asamblea queda válidamente constituida, para lo que contará con la lista de asistentes que facilitarán los interventores de lista, la que firmada por la Mesa y los Interventores, se incorporará al correspondiente libro de actas.

La Asamblea será presidida por el Presidente y, en su defecto, por el Vicepresidente 1º o Vicepresidente 2º del Consejo Rector por este orden, y, en defecto de los tres, por quien elija la Asamblea. Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo o quien le sustituya conforme a estos Estatutos y, en su defecto, quien elija la Asamblea. No obstante, cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quienes debieran actuar como Presidente o Secretario, la Asamblea designará a quien deba sustituir al incurso en conflicto para ese punto del orden del día.

Corresponde al Presidente de la Asamblea dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley.

Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros del Consejo Rector y de otros órganos sociales, o la adopción del acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra éstos, así como transigir o renunciar al ejercicio de dicha acción. Se adoptarán también mediante votación secreta los acuerdos sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo soliciten un veinte por ciento de los Delegados. No obstante para este último supuesto, queda establecido, al amparo del artículo 25.3 de la Ley 27/1999, que sólo podrá promoverse una petición de votación secreta en cada sesión, a instancia de la minoría de asambleístas, cuando por el número de asistentes, densidad del orden del día o por cualquier otra causa razonable, ello resulte lo más adecuado para el desarrollo de la reunión a juicio del Presidente de la Asamblea.

Serán nulos los acuerdos sobre los asuntos que no consten en el orden del día, salvo en los supuestos expresamente previstos al efecto en la legislación vigente en cada momento. En todo caso podrá acordarse sin dicho requisito la convocatoria de una nueva Asamblea General, la realización de nueva auditoria externa respecto a los estados contables de cada ejercicio económico y la posibilidad de prorrogar la sesión de la Asamblea.

Podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, siempre que los convocara el Consejo Rector, personas que, no siendo socios, su presencia sea de interés para el buen funcionamiento de la Caja Rural, salvo que se opongan a su presencia la mitad de los votos presentes en la Asamblea.

Artículo 39.- Derecho de Voto

En la Junta Preparatoria cada socio, con plenitud de derechos, a la fecha de la convocatoria de la Asamblea, tendrá un voto.

Además de dicho voto, tendrán un voto más por cada 10 aportaciones que excedan de la aportación mínima exigible a cada socio al 31 de diciembre anterior, de acuerdo con su naturaleza jurídica, con un límite máximo total de 21 votos por todas las adjudicaciones indicadas.

Asimismo, ejercitará los votos de su/s representado/s, de acuerdo con los límites y requisitos obligatorios establecidos en el artículo 41 de estos Estatutos.

Incurren en conflicto de intereses para votar, los socios que se encuentren en relación a los negocios, operaciones o servicios que sean objeto de los acuerdos a adoptar, en alguna de las situaciones a las que se refiere el artículo 55 de los presentes Estatutos, así como cuando se trate de adoptar un acuerdo que le autorice a transmitir aportaciones de las que sea titular, que le excluya de la Caja Rural, que le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la Caja Rural decida anticiparle fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia financiera, así como cuando, siendo Consejero o miembro de cualquier otro Órgano Social, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con la Caja Rural de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o servicios. Asimismo se abstendrá de votar en la resolución de cualquier recurso que haya presentado ante la Asamblea General.

Articulo 40.- Adopción de acuerdos por la Asamblea de Delegados

Excepto en los supuestos expresamente previstos en la normativa vigente, la Asamblea General de Delegados adoptará los acuerdos por más de la mitad de los votos válidamente expresados por los asistentes, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco ni las abstenciones.

Será necesaria la mayoría del 80% de los votos presentes y representados, para adoptar acuerdos de:

 

  • Transformación, fusión o escisión, segregación, disolución, reactivación o cesión global de activo y pasivo, aun cuando éstas no comprendan las aportaciones a capital social ni los socios de la entidad cedente adquieran tal condición en la entidad adquirente por el hecho de la cesión.
  • Integración o baja en un Grupo Cooperativo o Sistema Institucional de Protección.
  • Cualquier tipo de actuación, acuerdo o alianza que pudiera alterar la naturaleza jurídica de la nueva Entidad.
  • Modificación del objeto social a otro lugar fuera del término municipal donde se encuentra establecido.
  • Modificación del domicilio social y/o de la subsede operativa, a otro lugar fuera del término municipal donde se encuentran establecidas, salvo para el supuesto de que el cambio suponga que el término municipal del domicilio social pase a ser el de la subsede operativa y viceversa, para lo que solo será necesaria la mayoría exigida legalmente.
  • Modificación de la presente lista de materias con mayorías reforzadas, o cualquier modificación en los Estatutos Sociales en relación con las mismas.

Será necesaria la mayoría de los dos tercios de los votos presentes y representados, para cualquier modificación de los Estatutos sociales que no esté incluida en la mayoría reforzada del 80% definida en párrafo anterior, así como en los demás supuestos establecidos por Ley y en especial para emitir obligaciones u otros valores. También se precisará dicha mayoría de los dos tercios para acordar el cese o revocación de los miembros del Consejo Rector o para adoptar cualquier decisión sobre modificaciones patrimoniales, financieras, organizativas o funcionales de la Cooperativa de Crédito, siempre que las mismas tuvieran carácter esencial.

Se entenderá que tienen carácter esencial aquellas modificaciones que afecten al veinticinco por ciento de los activos totales de la Entidad.

Articulo 41.- Derecho de Representación

Todo socio puede hacerse representar en su Junta Preparatoria por cualquier otro socio adscrito a la misma, que ejercitará por delegación los votos que correspondan a su representado, con las siguientes limitaciones:

a) La delegación otorgada deberá hacerse por escrito, antes del día de la celebración de la Junta, y después de publicada la convocatoria de la sesión asamblearia.

b) La delegación será siempre nominativa y revocable.

c) Ningún socio podrá recibir votos por delegación de más de dos socios que, sumados a los que les corresponden, superen los límites establecidos en la ley 13/1989 de Cooperativas de crédito, ni los sesenta y tres votos.

La delegación de votos sólo podrá hacerse para una Asamblea concreta y corresponderá a los interventores de lista el decidir sobre la idoneidad del escrito que acredite la representación en la correspondiente Junta Preparatoria, escrito que emitirá la propia Entidad y pondrá a disposición del socio en el domicilio de las oficinas de la Caja Rural donde tenga reconocida su firma, y en el que necesariamente deberá constar la identificación del asistente y el representado, la Junta Preparatoria para la que ha sido expedida, lugar, fecha y orden del día completo de la misma.

En ningún caso podrán ser representados por otro socio aquellos que estuvieron sancionados o que, en la decisión sujeta a votación incurrieren en conflicto de intereses.

Los socios que ostentan cargos sociales, que accederán directamente a la Asamblea de Delegados, únicamente podrán representarse en ella entre sí. En ningún caso procederá la representación de los delegados, ni siquiera en favor de otro delegado.

No será lícita la representación otorgada por persona física a favor de persona jurídica, ni la otorgada a la persona individual que aquella haya designado como representante suya para la Junta Preparatoria de que se trate.

La representación legal, a efectos de asistir a la Junta Preparatoria, de las personas jurídicas y de los menores o incapacitados, se ajustará a las normas de derecho común o especial que sean aplicables.

Artículo 42.- Acta de la Asamblea

1.- Corresponde al Secretario de la Asamblea General la redacción del Acta de la sesión, que deberá expresar el lugar, fecha y hora de las deliberaciones, tanto de las Juntas Preparatorias como de la Asamblea General; la relación de delegados y de los titulares de cargos sociales, con el número de votos de unos y otros, salvo que ésta figure en anexo diligenciado o en soporte informático de acuerdo con la normativa del Registro Mercantil; la existencia o no del quórum necesario para quedar válidamente constituida; el hecho de sí se celebra en primera o segunda convocatoria; el orden del día de la sesión y un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que haya sido solicitada constancia; los acuerdos adoptados y los resultados, en su caso, de las votaciones.

2.- El Acta podrá ser aprobada por la propia Asamblea General. En su defecto, deberá serlo, dentro del plazo de quince días naturales, por el Presidente y dos socios, o sus suplentes, que habrán de ser designados al efecto por la misma Asamblea, quienes la firmarán junto con el Secretario, no pudiendo éstos ostentar cargo social alguno.

Articulo 43.- Impugnación de Acuerdos de la Asamblea General

Podrán ser impugnados, según el procedimiento y en los plazos establecidos por la legislación vigente, los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la ley, que se opongan a los Estatutos Sociales, o lesionen en beneficio de uno o varios socios, incluso de terceros, los intereses de la Caja Rural.

Artículo 44.- El Consejo Rector. Naturaleza y Competencia

El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, gestión y representación de la Caja Rural, y le corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la Entidad. Sus facultades representativas se extienden a todos los actos relacionados con las actividades que integran el objeto social. Es competente para establecer las directrices generales de actuación y para ejercitar las facultades que no estén reservadas por ley, o por estos Estatutos, a otros órganos sociales. Su actuación se desarrollará con sujeción a la ley, a estos Estatutos, y a la política general fijada por la Asamblea General.

El Consejo Rector podrá conferir apoderamientos y revocarlos, y en especial nombrar y revocar al Director General, como apoderado principal de la Caja Rural. Las facultades de dirección, de gestión y de representación que se confieran se establecerán en la escritura de poder.


Artículo 45.- Composición del Consejo Rector.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de los presentes Estatutos, el Consejo Rector de la Caja Rural estará compuesto por quince miembros titulares: Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario y once vocales. Doce miembros serán elegidos, de entre los socios, por la Asamblea General, en votación secreta y por el mayor número de votos. Otros dos miembros, que tendrán la consideración de independientes, podrán ser elegidos entre personas físicas, que no sean socios, o siéndolo no ostente, más del 1% del Capital Social mínimo obligatorio de la Caja Rural, igualmente por la Asamblea General, en votación secreta y por el mayor número de votos. El miembro restante será un trabajador de la Entidad, con contrato indefinido, que no sea empleado, en activo o pasivo, por cualquier título, de otra empresa, y formará parte del Consejo Rector como miembro vocal, con el mismo periodo de mandato y régimen que el resto de Consejeros y será elegido o revocado por los trabajadores indefinidos de la Caja Rural, en los términos establecidos en el artículo 23.2 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989 y ocupará el puesto número 11, dentro de la lista de vocales del Consejo Rector.

2. De los catorce miembros del Consejo Rector elegidos por la Asamblea General, ocho de ellos se elegirán de entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Burgos, otros tres serán elegidos de entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Segovia y otro de entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Fuentepelayo, y los dos independientes, conforme a lo establecido anteriormente, cumpliendo en todo caso las reglas siguientes:

  • Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Secretario: Dos de ellos serán elegidos de entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Burgos, otro entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Segovia y el otro entre los socios adscritos a la Juntas Preparatorias de la zona de Fuentepelayo, indistintamente.
  • Vocales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º serán elegidos entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la zona de Burgos.
  • Vocales 7º y 8º serán elegidos entre los socios adscritos a las Juntas Preparatorias de la Zona de Segovia.
  • Vocal 9º y 10º se corresponderán a los Consejeros independientes.

3. Además la Asamblea, en votación secreta, y por mayor número de votos, elegirá tres miembros suplentes numerados del uno al tres.

Los numerados del uno al tres serán elegidos de la forma siguiente:

  • entre los socios adscritos a la zona de Burgos el número uno
  • de entre los socios adscritos a la zona de Segovia el número dos
  • de entre los socios adscritos a la zona de Fuentepelayo el número tres.

Estos suplentes sustituirán a los miembros titulares elegidos por su demarcación geográfica en el supuesto de producirse vacantes definitivas, o excepcionalmente al de otra demarcación geográfica de acuerdo se regula en el artículo 48 de estos Estatutos, excepto al Consejero elegido por los trabajadores y a los Consejeros independientes. A este respecto, el cese definitivo de un consejero independiente determinará que sea sustituido, en la primera Asamblea General que se celebre, por el tiempo que le restara al sustituido.

4. El nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el Registro de Altos Cargos del Banco de España de las Cooperativas de Crédito, en el Registro Mercantil y en el Registro de Cooperativas, haciéndose constar la aceptación de los elegidos.

Los elegidos no podrán tomar posesión de sus respectivos cargos hasta después de su inscripción en el Registro de Altos Cargos Banco de España de las Cooperativas de Crédito, dependiente del Banco de España, o hasta que transcurra un mes desde la presentación, ante dicho organismo, de la documentación correspondiente para su inscripción.

5. Sólo pueden ser elegidos Consejeros las personas físicas que no estén incursas en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los presentes Estatutos y siempre que reúnan los requisitos exigidos en los mismos. No obstante cuando el socio sea persona jurídica, podrá ser elegido Consejero el representante legal de la misma o la persona física que, perteneciendo por cualquier título a ésta, sea designada para cada elección y en este caso el elegido actuará como si fuera consejero en su propio nombre ostentando el cargo durante todo el período para el que fuere elegido, salvo que pierda la condición que ostentaba en la persona jurídica-socio, en cuyo supuesto cesará también como Consejero.

Artículo 46.- Capacidad para ser Miembro del Consejo Rector

Los miembros del Consejo Rector tendrán que ser socios de la Caja Rural, pudiendo dos de ellos no ostentar tal condición, la que tampoco se exigirá para el vocal que represente a los trabajadores asalariados.

Todos ellos han de ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, han de ostentar la plenitud de sus derechos societarios, y han de estar en posesión de todos los requisitos exigibles en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y en el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la indicada Ley. Estos requisitos también son aplicables al Consejero representante de los trabajadores y a los Consejeros independientes.

Al menos dos Consejeros han de poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, entendiéndose que cumplen estos requisitos quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a tres años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento en entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras Entidades de Crédito públicas o privadas de dimensión análoga a la de esta Caja Rural.

En ningún caso podrán ser miembros del Consejo Rector:

a) Los consejeros o administradores, o altos directivos de otras Entidades de Crédito, salvo aquellos que participen en el capital social.

b) Quienes pertenezcan al Consejo de Administración de más de cuatro Entidades de Crédito. A estos efectos no se computarán los puestos ostentados en consejos de administración de Entidades de Crédito en los que el interesado, su cónyuge, ascendientes o descendientes, juntos o separadamente, sean propietarios de un número de acciones no inferior al cociente de dividir el capital social por el número de vocales del consejo de administración.

c) Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades mantengan deudas vencidas o exigibles de cualquier clase con la entidad, o durante el ejercicio de su cargo incurran en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Cooperativa. Se entenderá que son deudas vencidas y exigibles aquéllas que resulten impagadas durante un plazo superior a noventa días desde su vencimiento pactado o, en otro caso, desde el primer requerimiento de reembolso que efectúe la Entidad.

d) Los empleados de la Caja Rural, mientras conserven su condición de servicio activo, con excepción del vocal representante de los trabajadores de acuerdo a lo regulado en el artículo anterior.

e) Quienes mantengan vínculos empresariales o financieros que los hagan depender societaria o económicamente en forma notoria de otras entidades financieras competidoras.

Artículo 47.- Forma de elección por la Asamblea.

La Asamblea General elegirá a los miembros del Consejo Rector designando directamente a las personas que habrán de ejercer los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, Vocales correlativos, y suplentes. Los consejeros independientes no podrán ser nombrados Presidente ni Vicepresidente 1º ni Vicepresidente 2º.

Podrán proponer candidaturas para elegir o renovar el Consejo Rector tanto éste, como un número de socios que sea igual o superior a la mitad de alguna de las minorías legitimadas para instar la convocatoria de asambleas generales extraordinarias, o a la mitad del cociente resultante de dividir la cifra del capital social expresada en miles de euros, según el último balance auditado, por el número total de Consejeros titulares. Cada proponente solo podrá presentar una candidatura.

Las candidaturas serán colectivas, y por el sistema de listas cerradas, y en ellas se expresarán los nombres, apellidos, lugar de residencia y D.N.I., designación de candidatos para cada uno de los cargos vacantes, miembros suplentes, la declaración de cumplir, todos ellos, con los requisitos establecidos en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y en el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la indicada Ley, la aceptación a formar parte de la candidatura, el compromiso de aceptar el cargo, caso de ser elegidos, y las firmas de todos los candidatos.

Las candidaturas serán válidas, si además de los requisitos recogidos en el párrafo anterior, comprenden todas las vacantes a cubrir, siguiendo en todo caso el criterio de proporcionalidad en la elección de sus miembros, según su adscripción, marcado en el artículo 45.2 de estos Estatutos, a excepción de los Consejeros independientes, que en todo caso serán propuestos respetando los requisitos establecidos en el artículo 45.1.

Las candidaturas deberán ser presentadas ante el Consejo Rector de la Caja Rural, en el domicilio social, debiendo figurar la identificación y firma, debidamente bastanteada por el Secretario del Consejo Rector, de los socios que las proponen. Las candidaturas se presentarán con una antelación mínima de siete días hábiles a aquel en que deba efectuarse la primera Junta Preparatoria. Los Consejeros sometidos a renovación no podrán decidir sobre la validez de las candidaturas.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Consejo Rector formulará la lista definitiva en la que se recogerán todas aquellas candidaturas propuestas que cumplan los requisitos legales y estatutarios y la expondrá en el tablón de anuncios del domicilio social de la Caja Rural, al menos con dos días hábiles de antelación a la celebración de la primera Junta preparatoria.

No serán proclamadas las candidaturas que hayan sido presentadas fuera de plazo, o que carezcan de los requisitos de admisión establecidos en la Ley y en estos Estatutos. Serán causas de no proclamación, además de la presentación fuera de plazo, y entre otras, las siguientes: contener nombre de candidatos repetidos en la misma lista, no contener la lista el número de candidatos, titulares y/o suplentes, establecido, existir causa de incapacidad o inelegibilidad, no figurar los datos de identificación establecidos para los socios candidatos o proponentes, o sus firmas, o no respetar el criterio de proporcionalidad previsto en el artículo 45.2 de estos Estatutos.

En los casos de fallecimiento o incapacidad sobrevenida de candidatos se podrá solicitar la inclusión de nuevos candidatos, siempre con una antelación mínima de 24 horas a la celebración de la Junta Preparatoria.

Por la Caja Rural se imprimirán las papeletas de voto, únicas válidas, en las que figurarán las candidaturas proclamadas. Igualmente se facilitarán papeletas en blanco. Todas las papeletas serán de igual tamaño y serán confeccionadas de forma que no ostenten signos distintivos, o de otra naturaleza, que puedan influir en la libertad de voto de los socios y en el carácter secreto del voto.

Entrando en el punto del orden del día de la Asamblea General, correspondiente a la elección de los miembros del Consejo Rector, se procederá a dar lectura a las candidaturas presentadas, efectuándose la elección mediante votación secreta por depósito de votos en urna, resultando elegida la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos.

La Asamblea General, observando las normas legales y las establecidas en estos Estatutos, podrá en cada caso establecer los procedimientos, y resolver las cuestiones, en los límites estrictamente necesarios, que permitan el normal desenvolvimiento del proceso electoral.

En las Juntas Preparatorias se facilitará relación de las candidaturas presentadas.

Artículo 48.- Duración y cese de cargos en el Consejo Rector.

Los cargos en el Consejo Rector tienen una duración de cuatro años, renovables por mitades por periodos sucesivos de la misma duración, pudiendo ser reelegidos.

En una de las renovaciones, se llevará a cabo la del Presidente, Vicepresidente 2º, vocales y suplentes de numeración impar, y en la siguiente la del Vicepresidente 1º, Secretario, vocales y suplentes de numeración par.

El nombramiento de los Consejeros surtirá efectos desde su aceptación.

Los Consejeros que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la toma de posesión de los que les sustituyan.

El desempeño de los puestos del Consejo Rector es obligatorio, salvo renuncia u otra justa causa. La renuncia de los Consejeros podrá ser aceptada por el Consejo Rector o por la Asamblea General, aunque tal asunto no conste en el orden del día.

Los Consejeros cesarán por las causas previstas en la Ley y en los Estatutos, y podrán ser destituidos por acuerdo de la Asamblea General, por la mayoría favorable no inferior a los 2/3 de los votos presentes o representados. En el caso de que el Consejero incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley, o se encuentre afectado por alguna incapacidad o incompatibilidad legal o estatutaria, será inmediatamente destituido a petición de cualquier socio, tras la resolución del correspondiente expediente que a tal efecto se abra y sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir por su conducta desleal. En el supuesto de incompatibilidad entre cargos, el afectado deberá optar por uno de ellos en el plazo de cinco días naturales desde la elección para el segundo cargo, y si no lo hiciere será nula la segunda designación.

En cualquier caso, ningún Consejero con mandato en vigor podrá presentarse como candidato a cubrir las vacantes en otros puestos que se produzcan en el Consejo Rector y que hayan de ser elegidos por la Asamblea General, sin la previa dimisión de su condición de Consejero; excepción hecha, claro está, de aquellos Consejeros que, por conclusión de su mandato, decidan presentarse a las elecciones.

El Consejero representante de los trabajadores asalariados solo podrá ser revocado por sus representados, sin perjuicio de la posible acción de responsabilidad que pueda ejercitarse contra el mismo.

Las vacantes definitivas que se produzcan en los distintos cargos del Consejo Rector elegidos por los socios se cubrirán de la siguiente forma:

a) En el supuesto de que la misma no afectare a los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º o Secretario, entrará en el ejercicio del cargo el suplente correspondiente en orden a la adscripción de la Zona de procedencia del Consejero a sustituir o en su defecto cualquier otro de los cargos suplentes aunque por adscripción correspondan a otra zona, libres a esa fecha. Será competencia del Presidente en consenso con Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º la elección del suplente en este segundo supuesto.

Los suplentes que accedieren a ser miembros titulares del Consejo Rector, desempeñarán el cargo, previos los trámites e inscripciones pertinentes, por todo el tiempo que le restara al sustituido.

b) En el supuesto de no existir suplentes o cuando los mismos no permitan mantener las precitadas suplencias y siempre que las vacantes afectaren a los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Secretario, las mismas se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre, desempeñando el cargo los que fueren elegidos, previos los trámites e inscripciones pertinentes, por el tiempo que restare a aquellos a quienes vienen a sustituir.

Vacante el cargo de Presidente, hasta tanto se celebre la Asamblea General en que se cubra la misma, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente 1º y a falta de éste por el Vicepresidente 2º. Siempre que simultáneamente quedasen vacantes los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º, o si quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste, las funciones del Presidente serán asumidas por el miembro que al efecto designen de entre ellos los consejeros que quedasen. La Asamblea General, en un plazo máximo de quince días naturales, deberá ser convocada a los efectos de cubrir las vacantes que se hubieran introducido. Esta convocatoria podrá acordarla el Consejo Rector aunque se constituya, como excepción, con menos miembros de los establecidos en estos Estatutos.

Artículo 49.- Funcionamiento del Consejo Rector

1. El Consejo Rector deberá reunirse al, menos una vez al mes, en sesión ordinaria, salvo causas debidamente justificadas y en el mes de agosto que podrá no celebrarse, y siempre que lo convoque su Presidente, o quien haga sus veces, a iniciativa propia o a petición de dos Consejeros o del Director General. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días hábiles, podrá ser convocado por quienes hubiesen hecho la petición, siempre que logre para su convocatoria la adhesión de, al menos, un tercio del Consejo.

No será necesaria la convocatoria, cuando estando presentes todos los Consejeros decidan por unanimidad la celebración del Consejo.

2. La convocatoria se hará por escrito con un mínimo de 24 horas de antelación, debiendo expresarse en el orden del día, la fecha, hora y el lugar donde ha de celebrarse la reunión. En caso de urgencia podrá reducirse la antelación indicada, debiendo constar en el acta tal circunstancia.

El Consejo Rector se entiende constituido con la presencia de más de la mitad de sus componentes. Los miembros ausentes no podrán dar su representación a otro Consejero.

Asistirá a las reuniones, con voz pero sin derecho a voto, el Director General, y podrán ser convocados igualmente, con voz pero sin derecho a voto, empleados de la Entidad, y otras personas, cuya presencia se entienda necesaria.

Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de los votos asistentes válidamente expresado, excepto en los supuestos expresamente establecidos en la ley y en los presentes Estatutos.

Será necesaria mayoría reforzada de un 80% de los consejeros para la aprobación de las siguientes materias reservadas de su competencia:
• Elevar propuestas a la Asamblea General relativas a transformación, fusión o escisión, segregación, disolución, reactivación o cesión global de activo y pasivo aún cuando éstas no comprendan las aportaciones a capital social ni los socios de la entidad cedente adquieran tal condición en la entidad adquirente por el hecho de la cesión.
• Elevar propuestas a la Asamblea General relativas a integración o baja en un Grupo Cooperativo o Sistema Institucional de Protección.
• Elevar propuestas a la Asamblea General relativas a cualquier actuación, acuerdo o alianza que pudiera alterar la naturaleza jurídica de la nueva Entidad.
• Modificación del objeto social, domicilio social o subsede operativa, a otro lugar fuera del término municipal donde se encuentran establecidas.
• Modificación de la distribución de las actividades de los Servicios Centrales.
• Designación y cese del Director General y Directores Generales Adjuntos en su caso.
• Elevar propuestas a la Asamblea General relativas a la modificación de la presente lista de materias con mayorías reforzadas o cualquier modificación en los Estatutos Sociales en relación con las mismas.
• La modificación de las marcas bajo las que deba operar la Entidad.

Para acordar los asuntos que deban incluirse en el orden del día de la Asamblea General, será suficiente el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que constituyen el Consejo.

Cada Consejero tendrá un voto. El voto del Presidente dirimirá los empates.

La votación por escrito, y sin sesión, solo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento, o cuando sea exigencia legal.

Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Rector tendrán carácter secreto, considerándose infracción muy grave y causa de cese el quebrantamiento del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran proceder.

De los acuerdos del Consejo Rector levantará Acta el Secretario, que será firmada por el Presidente y el Secretario, y recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones si las hubiere.

El ejercicio del cargo de miembro de Consejo Rector no dará derecho a retribución alguna, si bien deberán ser compensados de los gastos que les origine su función, mediante abono de las dietas de asistencia y gastos de desplazamiento, en la cuantía que señale al efecto la Asamblea General.

Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados conforme a lo dispuesto para los adoptados por la Asamblea General.

Artículo 50.- Responsabilidad del Consejo Rector

Los miembros del Consejo Rector desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado gestor y de un representante leal, quedando obligados a guardar secreto sobre los datos de carácter confidencial, y sobre las deliberaciones y acuerdos del Consejo Rector, aún después de cesar en sus funciones.

Responderán solidariamente frente a la Caja Rural, frente a los socios, y acreedores del daño causado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación.

La acción de responsabilidad contra miembros del Consejo Rector podrá ser ejercitada conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 51.- El Presidente

El Presidente del Consejo Rector, tendrá atribuida la representación legal de la Caja Rural, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad si su actuación no se ajusta a los acuerdos de la Asamblea General y el Consejo Rector.

En tal concepto le corresponde:

a) Representar a la Caja Rural, judicial y extrajudicialmente, en toda clase de actos, negocios jurídicos, contratos y en el ejercicio de todo tipo de acciones y excepciones.

b) Convocar y presidir las sesiones y reuniones de los órganos sociales de los que forme parte, dirigiendo la discusión y cuidando de que no se produzcan desviaciones o se sometan a la decisión de la Asamblea cuestiones no incluidas en el orden del día.

c) Vigilar y procurar el cumplimiento de los acuerdos de los órganos sociales.

d) La firma social y en particular firmar con el Secretario las actas de las sesiones y las certificaciones que se expidan con referencia a los documentos sociales.

e) Ejecutar los acuerdos que pudieran adoptar los órganos sociales de la Cooperativa, salvo decisión en contrario.

f) Adoptar en casos de gravedad las medidas urgentes que razonablemente estime precisas, dando cuenta inmediatamente de las mismas al Consejo Rector, quien resolverá sobre la procedencia de su ratificación, salvo que el tema afectase a la competencia de la Asamblea, en cuyo caso sólo podrá adoptar las mínimas medidas provisionales y deberá convocar inmediatamente a la Asamblea General para que ésta resuelva definitivamente sobre las mismas.

g) Cualquier otra derivada de la representación que ostenta.

Artículo 52.- Los Vicepresidentes

Corresponde al Vicepresidente 1º y, en su defecto, al Vicepresidente 2º, sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad del mismo, al igual que en el supuesto a que se refiere el artículo 48 de los presentes Estatutos, y asumir las demás funciones que les encomiende el Consejo Rector o el Presidente.

Las referencias que al Vicepresidente se hacen en los presentes Estatutos, se entienden realizadas, salvo cuando se señale expresamente otra cosa, al Vicepresidente 1º, y en ausencia del mismo, al Vicepresidente 2º.

Artículo 53.- El Secretario

Corresponde al Secretario:

a) Llevar y custodiar los libros registro de socios y aportaciones, así como los de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector y, en su caso, de los órganos deliberantes de los que forme parte.

b) Redactar el acta de cada sesión, en la que se relacionará, al menos, el lugar y fecha de las deliberaciones, el número de asistentes y de representados, si se celebra en primera o en segunda convocatoria, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.

c) Librar certificaciones autorizadas por la firma del Presidente con referencia, en su caso, a los libros y documentos sociales.

d) Cualquier otra función derivada de su cargo.

En caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad del Secretario, será sustituido por el Vocal 1º, sustituyendo, en su defecto, el Vocal de menor edad a éste último.

Artículo 54.- Comisión Ejecutiva

El Consejo Rector, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá delegar de forma temporal o permanente parte de sus atribuciones y facultades en una Comisión Ejecutiva, que estará compuesta por un mínimo de cuatro Consejeros y un máximo de seis. Necesariamente formarán parte de la misma, el Presidente, el Vicepresidente 1º y el Secretario. El resto de sus miembros serán vocales, que reúnan los requisitos de conocimiento y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones, tal como se definen en el artículo 46 de los presentes Estatutos; requisitos, que no obstante, deberán reunir en todo caso dos de los miembros integrantes. De los tres vocales, dos serán designados de entre los Consejeros elegidos por la zona de Burgos y uno de entre los elegidos por la zona de Segovia.

La delegación de facultades en esta Comisión, requerirá el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo Rector y el correspondiente acuerdo, que precisará tanto las facultades delegadas como las personas que hayan de integrar dicha Comisión.

El Consejo Rector no podrá delegar, ni aún con carácter temporal el conjunto de sus facultades, ni aquéllas que, por imperativo legal resulten indelegables ni las materias reservadas al Consejo Rector que requieran de mayoría reforzada.

El Consejo Rector conservará en todo caso con carácter exclusivo las siguientes facultades:

a) Fijar las directrices generales de gestión.

b) Controlar permanentemente el ejercicio de las facultades delegadas.

c) Presentar a la Asamblea General Ordinaria las cuentas del ejercicio, el informe sobre la gestión y la propuesta de distribución de excedentes, o imputación de pérdidas.

En cualquier caso, el Consejo Rector continuará siendo competente respecto de las facultades delegadas, y responsable ante la Caja Rural, los socios, los acreedores y los terceros de la gestión llevada a cabo por la Comisión Ejecutiva. El miembro del Consejo contrario al acuerdo de delegación podrá dimitir del cargo justificadamente.

Se llevará un libro de Actas de dicha Comisión Ejecutiva y los acuerdos de ésta serán impugnables en base a las mismas causas y por los sujetos legitimados que se señalen en la legislación vigente en orden a la impugnación de los acuerdos del Consejo Rector.

La Comisión Ejecutiva deberá reunirse, al menos, una vez al mes, en sesión ordinaria, salvo por causas debidamente justificadas y en el mes de agosto en que podrá no celebrarse, y siempre que la convoque su Presidente, o quien haga sus veces, a iniciativa propia o a petición de cualquier miembro. No es precisa la convocatoria por escrito, ni el establecimiento previo de orden del día. No será necesaria la convocatoria, cuando estando presentes todos los miembros decidan, por unanimidad, la celebración de la Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva, previa convocatoria, quedará válidamente constituida, cuando concurran personalmente a la reunión más de la mitad de sus componentes.

Es obligatoria, salvo causa justificada, la asistencia de los miembros de la Comisión Ejecutiva a todas las sesiones a las que hayan sido convocados. Los miembros de la Comisión Ejecutiva no podrán hacerse representar.

Asistirá a las reuniones, con voz pero sin derecho a voto, el Director General, y podrá convocarse igualmente, con voz pero sin derecho a voto, a empleados de la Entidad, y a otras personas, cuya presencia se entienda necesaria.

Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos válidamente expresados.

Cada miembro de la Comisión Ejecutiva tendrá un voto. El voto del Presidente dirimirá los empates.

La votación por escrito, y sin sesión, solo será admitida cuando ningún miembro de la Comisión Ejecutiva se oponga a este procedimiento.

Las deliberaciones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva tendrán carácter secreto, considerándose infracción muy grave y causa de cese el quebrantamiento del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran proceder.

El ejercicio del cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva no dará derecho a retribución alguna, si bien deberán ser compensados de los gastos que les origine su función.

Artículo 55.- Conflicto de intereses

No serán válidos los contratos concertados ni las obligaciones asumidas por parte de la Caja Rural, no comprendidos en la prestación de los servicios propios del objeto social de la misma, hechas en favor de los miembros del Consejo Rector o de la Dirección, o de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, si no recae autorización previa de la Asamblea General, en la que las personas en las que concurra la situación de conflicto de intereses no podrán tomar parte en la votación.

Los acuerdos del Consejo Rector o de la Comisión Ejecutiva sobre operaciones o servicios cooperativizados en favor de miembros del Consejo Rector, de la Comisión Ejecutiva, de la Dirección General, o de los parientes cualesquiera de ellos dentro de los límites señalados en el apartado anterior, se adoptarán necesariamente mediante votación secreta, previa inclusión del asunto en el orden del día con la debida claridad, y por mayoría no inferior a los dos tercios del total de Consejeros.

Si el beneficiario de las operaciones o servicios fuese un consejero, o un pariente suyo de los indicados antes, aquél se considerará en conflicto de intereses y no podrá participar en la votación.

Una vez celebrada la votación secreta, y proclamado el resultado, será válido hacer constar en acta las reservas o discrepancias correspondientes respecto al acuerdo adoptado.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación cuando se trate de constituir, suspender, modificar, renovar o extinguir obligaciones o derechos de la cooperativa con entidades en las que aquellos cargos o sus mencionados familiares sean patronos, consejeros, administradores, altos directivos, asesores o miembros de base con una participación en el capital igual o superior al 5 por ciento.

Artículo 56.- Dirección General, Nombramiento, Atribuciones y Cese

Esta Caja Rural deberá contar con una Dirección General, cuyo titular será designado y contratado por el Consejo Rector entre personas que reúnan las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de dicho cargo.

Las atribuciones del Director General se extenderán a los asuntos pertenecientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la Entidad, asumiendo la jefatura superior de los servicios técnicos, laborales y administrativos de la misma, pudiendo desarrollar al efecto cuanta facultades y funciones les hubieran sido encomendadas, las que en todo caso deberán enunciarse en la correspondiente escritura pública de apoderamiento que necesariamente deberá otorgarse, pudiendo realizar al efecto cuantos actos interesen a esta Caja Rural en el marco de las directrices que se le hubieren señalado y dentro de los poderes conferidos por el Consejo Rector.

En ningún caso, podrán otorgarse al Director las facultades del Consejo que tuvieren carácter indelegable, en especial las de:

a) Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la cooperativa, con sujeción a la política establecida en la Asamblea General.

b) El control permanente y directo de la gestión empresarial.

c) Presentar a la Asamblea General la rendición de cuentas, la propuesta de imputación y asignación de resultados y la Memoria explicativa de cada ejercicio económico.

d) Solicitar el concurso de acreedores o la situación que de insolvencia que proceda, en su caso.

En todo caso la Dirección podrá solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo Rector y estará facultado para decidir sobre la realización de operaciones con terceros, dentro de los límites establecidos en cada momento por la normativa en vigor.

El Director General, cesará, entre otras causas justificadas, al cumplir la edad de jubilación conforme a la legislación vigente. Corresponde al Consejo Rector acordar el cese del Director General. Asimismo podrá ser destituido, suspendido o separado de su cargo, en virtud de expediente disciplinario, instruido y resuelto por la autoridad competente.

En el supuesto de su revocación, el Consejo Rector estará obligado a dar cuenta del cese del Director General en la primera Asamblea General que se celebre, constando tal extremo en el orden del día.

El Director General quedará obligado al secreto profesional, aún después de cesar en sus funciones.

Asimismo, el Consejo Rector, a propuesta del Director General, podrá designar uno o más Directores Generales adjuntos, a los que serán exigibles las mismas condiciones de aptitud y experiencia requeridas para el Director General, quienes en todo caso actuarán de forma individual.

Artículo 57.- Incompatibilidades y Prohibiciones para el Ejercicio de la Dirección General

Al Director General le afectan las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los miembros del Consejo Rector, a las que se refiere el artículo 46 de los presentes Estatutos, además de las propias de su cargo.

En todo caso y en razón a la dedicación exclusiva que le es exigible, no podrá desempeñar al mismo tiempo igual cargo u otro equivalente en cualquier otra cooperativa o sociedad mercantil, salvo que lo sea en representación de la Caja Rural.

La persona designada para ocupar el puesto de Director General, deberá quedar inscrita, con anterioridad al inicio de sus funciones, en el Registro de Altos Cargos del Banco de España de las Cooperativas de Crédito, sin perjuicio de su posterior inscripción en los Registros Mercantiles y de Cooperativas.

Artículo 58.- De los Deberes de la Dirección General

El Director General tendrá los deberes que dimanen del contrato y de las directrices generales de actuación establecidas por el Consejo Rector. Trimestralmente, al menos, presentará al Consejo Rector un informe sobre la situación económica y social de la Caja Rural.

Dentro de los tres meses inmediatamente siguientes al cierre del ejercicio social, deberá presentar al Consejo Rector, para su informe y posterior consideración por la Asamblea, la memoria explicativa de la gestión de la empresa, y las cuentas anuales.

Deberá comunicar al Presidente de la Caja Rural, sin demora alguna, todo asunto que, a su juicio, requiera la convocatoria del Consejo Rector o de la Asamblea General o que, por su importancia, deba ser conocido por aquel.

El Director General deberá realizar sus funciones con la diligencia de un ordenado gestor y un leal representante.


CAPÍTULO QUINTO.

COMISIONES Y COMITES DELEGADOS DEL CONSEJO RECTOR

Artículo 59.- Comisión de Auditoria

1. El Consejo Rector podrá designar, de entre sus miembros, siempre y cuando no formen parte de la Comisión Ejecutiva, una Comisión de Auditoria que estará compuesto por un mínimo de tres consejeros y un máximo de cuatro, teniendo en cuenta para su nombramiento los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión. El Consejo Rector los designará mediante acuerdo expreso ajustándose a lo establecido en este artículo.

La Comisión de Auditoria contará con un Presidente y un Secretario; el resto de los miembros, en su caso, serán Vocales, quienes contarán con voz y voto en las reuniones de la Comisión. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

2. La Comisión de Auditoria se reunirá periódicamente en función de las necesidades de la Caja Rural y, al menos, una vez al año; será convocada por su Presidente, por escrito.

La convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres días naturales, incluyendo siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la documentación que para cada reunión fuera necesaria. En caso de urgencia o cuando las circunstancias así lo justifiquen a juicio del Presidente, podrán convocarse por teléfono y no será de aplicación el plazo de antelación y los demás requisitos indicados anteriormente. Los miembros de la Comisión podrán solicitar la información complementaria que consideren conveniente. No obstante lo anterior, si a juicio del Presidente ello resultare desaconsejable por razones de seguridad, no se acompañará la información y se advertirá a los consejeros la posibilidad de examinarla en la sede social.

La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran al menos la mitad más uno de sus miembros. Si el número de Consejeros fuera impar se entenderá que hay quórum suficiente si asiste el número entero de Consejeros inmediatamente superior a la mitad.

El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación activa de los consejeros en las deliberaciones del órgano.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, será dirimente el voto del Presidente.

La Comisión extenderá acta de sus sesiones y mantendrá informado al Consejo de lo tratado en las mismas, del resultado de sus trabajos y de las decisiones adoptadas.

El acta recogerá, al menos, el lugar y fecha en que se celebró la Comisión, y la hora de comienzo y conclusión, el texto íntegro de la convocatoria con el orden del día, la relación de asistentes, manifestación sobre quórum suficiente para constituir la sesión, las intervenciones cuya constancia haya sido solicitada, el resumen de las deliberaciones, las incidencias que haya debido resolver el Presidente, así como la trascripción de los acuerdos adoptados con los resultados de las votaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión de Auditoria podrá contar con un Reglamento aprobado por el Consejo Rector conforme a propuesta presentada por la propia Comisión. Dicho Reglamento desarrollará y concretará sus normas de funcionamiento.

3. El Consejo Rector velará por la independencia de la Comisión de Auditoria, estableciendo cuantos medios sean precisos para el cumplimiento de sus funciones, debiendo colaborar los empleados y órganos de la Caja Rural en lo necesario para que dicha Comisión cumpla con sus objetivos.

Conforme a lo establecido en la normativa aplicable al mismo, la Comisión de Auditoria tendrá las siguientes competencias:

a) Informar a la Asamblea General de la Caja Rural sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.

b) Supervisar la eficacia del control interno de la Caja Rural, la auditoria interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoria las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. Igualmente, deberá aprobar la planificación y el presupuesto financiero anual de la Auditoria interna, así como su estructura organizativa y cualificación profesional.

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.

d) Proponer al Consejo Rector de la Caja Rural para su sometimiento a la Asamblea General, el nombramiento de los auditores de cuentas externos, de acuerdo con la normativa aplicable a la Caja Rural, así como las condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, en su caso, la revocación o no revocación de los mismos.

e) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoria de cuentas y en las normas técnicas de auditoria.

f) Revisar las cuentas de la Caja Rural, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

g) Emitir anualmente con carácter previo al informe de auditoria, informe en el que se expresará una opinión respecto a la independencia de los auditores, informe que se pronunciará sobre la prestación de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a la Caja Rural por los auditores o personas vinculados a estos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988 de 12 de julio de auditoria de cuentas.

4. Podrá asistir a las sesiones de la Comisión el Director General con voz pero sin voto. Asimismo se podrá requerir por la Comisión la asistencia del responsable de la función de auditoria interna quien está obligado a prestar su colaboración y facilitar la información de la que disponga o le sea requerida. También podrá requerir la Comisión la asistencia a sus sesiones de cualquier otro miembro del equipo directivo o del personal de la Caja Rural y de los auditores de cuentas.

Artículo 60.- Otras Comisiones Delegadas

El Consejo Rector podrá establecer otras Comisiones Delegadas en su seno, con carácter de voluntarias, que con independencia en sus actividades y de acuerdo, en su caso, con un Reglamento de funcionamiento, desarrollarán funciones de control respecto de áreas de actuación de la Caja Rural, estando formadas por un número de miembros del Consejo Rector, que en cada caso se determine y debiendo informar al mismo respecto de las materias de su competencia.

CAPITULO SEXTO

DOCUMENTACION ECONOMICO-SOCIAL

Artículo 61.- Documentación Social

La Caja Rural llevará en orden y al día los siguientes libros:

a) Libro de Registro de Socios.

b) Libro de Registro de aportaciones al Capital Social.

c) Libro de Actas de Asamblea General de Delegados, de las Juntas Preparatorias, del Consejo Rector y de los Órganos Colegiados que, en su caso se creen.

d) Cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones que le sean aplicables.

Artículo 62.- Auditoria de Cuentas

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser auditados de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Corresponderá a la Asamblea General la designación de las personas que deban realizar la auditoria de dichas cuentas anuales.


CAPITULO SEPTIMO

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA CAJA RURAL. EXTINCIÓN


Articulo 63.- Disolución, Fusión y Escisión

La Caja Rural quedará disuelta y entrará en liquidación, salvo en los supuestos de fusión o escisión, por cualquiera de las siguientes causas:

a) Conclusión del objeto social o imposibilidad manifiesta sobrevenida para alcanzarlo.

b) Por acuerdo de la Asamblea General.

c) Por la insuficiencia del Capital Social, Recursos Propios o coeficientes legales mínimos, durante el plazo que establezca la legislación de Entidades de Crédito.

d) Por fusión, absorción, escisión total o cesión global de activos y pasivos.

e) Por la paralización de los órganos sociales o de la actividad cooperativizada durante el plazo máximo establecido legalmente, sin causa justificada, de tal modo que imposibilite su funcionamiento.

f) Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente.

El acuerdo asambleario que tenga por objeto constatar la concurrencia de las causas señaladas en las letras a), c), e) o f), se adoptará con una mayoría no inferior a la mayoría simple de los votos presentes y representados. En los demás casos se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 40 de los presentes Estatutos.

La convocatoria de toda asamblea que tenga por objeto la aprobación de un proyecto de fusión o escisión, además de cumplir los requisitos genéricos fijados en los presentes Estatutos, deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

El socio disconforme con un proceso de fusión, tanto el no asistente a la reunión asamblearia como el disidente con el acuerdo adoptado, tendrá derecho de separación y sus aportaciones serán liquidadas y reintegradas aplicando la regulación estatutaria de la baja obligatoria, tomándose como “fecha de efectos de la baja” la de inscripción de la fusión en el Registro de Cooperativas, que también determinará el inicio del plazo para proceder a efectuar el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social.

Articulo 64.- Liquidación

1.- Cumplidas las formalidades legales exigidas, se abrirá el período de liquidación, conservando la entidad durante el mismo su personalidad jurídica, en el que se añadirá a su denominación la mención "en liquidación".

2.- La Asamblea General procederá al nombramiento de socios liquidadores en número impar siendo al menos tres, entre los socios de la Caja Rural, mediante votación secreta y por el mayor número de votos.

3.- Los liquidadores ejercerán las funciones conforme a lo establecido en la legislación que resulte aplicable, si bien tendrán en cuenta las especialidades del Fondo de Educación y Promoción materializado en inmuebles, que podrá ser destinado a la cobertura de pérdidas.

4.- En la adjudicación del haber social se seguirá el procedimiento que prevén los artículos 34.2 del Reglamento de Cooperativas de Crédito y el artículo 75 de la Ley 27/1999, de Cooperativas.

Artículo 65.- Extinción

Adoptados los acuerdos asamblearios que procedan, los liquidadores otorgarán a la finalización del proceso la escritura pública de extinción de la Sociedad y solicitarán su inscripción registral.

Disposición Final Primera.- Plazos

Salvo mención expresa en contra, los plazos señalados en los presentes Estatutos se regirán por lo establecido en el Código Civil; en consecuencia, los señalados por días –aunque no se haya indicado así expresamente- se entienden referidos a todos ellos, sin excluir los feriados, y los fijados por meses o años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

En todo caso, a los efectos regulados en los presentes Estatutos, se entenderá que los sábados, salvo imposición legal contradictoria al respecto, serán considerados como día hábil.

Disposición Transitoria Primera.- El Primer Consejo Rector

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 45, el primer Consejo Rector de la Entidad, estará compuesto por diecisiete miembros titulares y tres suplentes con la siguiente distribución de cargos: Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, trece vocales titulares y tres vocales suplentes. De todos ellos, nueve (9) miembros titulares y un (1) suplente serán los ya designados por la Asamblea General a propuesta de Caja Rural de Burgos de entre las personas que en el momento de constitución de la Entidad eran miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Burgos; otros cuatro (4) miembros titulares y un (1) suplente serán los ya designados por la Asamblea General a propuesta de Caja Rural de Segovia de entre las personas que en el momento de constitución de la Entidad eran miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Segovia; otro (1) miembro titular y otro (1) suplente será el ya designado por la Asamblea General a propuesta de Caja Rural de Fuentepelayo de entre las personas que en el momento de constitución de la Entidad eran miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Fuentepelayo; otros dos (2), independientes, designados por la Asamblea General de mutuo acuerdo por los referidos Consejeros; y el decimoséptimo, en su caso y cuando por imperativo legal la Entidad viniese obligada a tener en su Consejo Rector un Vocal representante de los trabajadores, será elegido en los términos establecidos en el artículo 23.2 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989. Los consejeros quedarán referenciados como sigue:

  • Los puestos de Presidente y Secretario corresponderán a miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Burgos.
  • El puesto de Vicepresidente 1º corresponderá a miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Segovia.
  • El puesto de Vicepresidente 2º corresponderá a miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Fuentepelayo.
  • Los Vocales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 11º corresponderán a miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Burgos.
  • Los Vocales 7º, 8º y 12º corresponderán a miembros del Consejo Rector de Caja Rural de Segovia.
  • Los Vocales 9º y 10º corresponderán a los independientes.
  • El Vocal 13º, en su caso, corresponderá al representante de los trabajadores.

Del mismo modo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 48, en lo que a duración y cese de cargos del Consejo Rector se refiere, el plazo de duración de este primer Consejo Rector será de seis años para los Consejeros siguientes: Vicepresidente 1º, Secretario y vocales dos, cuatro, seis, ocho y diez, así como para los suplentes primero y tercero, debiendo ser renovados el resto de miembros y suplentes a los cuatro años, salvo los vocales números 11 y 12 que cesarán definitivamente quedando amortizados dichos puestos. Y el Vocal número 13, que en su caso corresponderá al representante de los trabajadores, pasará a ser el Vocal número 11, cuyo nombramiento, elección y renovación se regirá por las normas específicas indicadas anteriormente.

Disposición Transitoria Segunda.- La Comisión de Auditoría

La primera Comisión de Auditoría estará compuesto por cuatro miembros.

El Presidente será el Vicepresidente segundo del Consejo Rector. El Secretario y dos Vocales serán designados de la forma siguiente: dos de esos cargos serán nombrados entre los Consejeros provenientes de la Zona de Burgos y el otro entre los provenientes de la zona de Segovia.

Disposición Final Primera.- Facultades Conferidas al Consejo Rector

El Consejo Rector de esta Caja Rural queda expresamente facultado para rectificar, aclarar o completar los presentes Estatutos en la medida que resulte imprescindible para cumplir resoluciones, criterios o indicaciones de los Organismos y autoridades competentes, así como para habilitar a cualquiera de sus miembros con objeto de que otorgue las escrituras y demás documentos que resulten necesarios, y pueda presentarlos en las Oficinas y Registros públicos que corresponda.